El proyecto de norma foral de medidas tributarias plantea proteger el poder adquisitivo de la ciudadania, facilitar el acceso a la vivienda y atraer talento - arabapress

Vitoria-Gasteiz, 13 de noviembre de 2026. El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado esta mañana ha presentado el proyecto de norma foral de medidas tributarias para el año 2027 entre las que destaca la deflactación de la tarifa de IRPF en un 3% destinada a proteger el poder adquisitivo de la ciudadanía. “Es una congelación efectiva del impuesto. El importe de la deflactación corresponde a la media del incremento salarial en Euskadi. La subida de sueldo no supone pagar más impuestos. Es, por tanto, una medida de alivio directo para las economías familiares”, ha subrayado el diputado general, Ramiro González, en la presentación de las medidas. 

El proyecto impulsa un amplio paquete de medidas orientado a facilitar el acceso a la vivienda, dar respuesta a desafíos sociales como los cuidados, el empleo juvenil, o la movilidad sostenible, además de reforzar el arraigo empresarial, atraer y retener talento. La propuesta combina incentivos fiscales específicos con requisitos de mantenimiento de la actividad económica, el empleo y la permanencia en el territorio.  Incorpora, además, mecanismos de control para evitar usos indebidos de los beneficios fiscales.

Para las personas trabajadoras se refuerza el apoyo a las rentas más bajas y medias al ampliar los umbrales que permiten acceder a una mayor reducción en los rendimientos del trabajo. La bonificación máxima de 8.000 euros se extenderá a contribuyentes con salarios netos de hasta 18.800 euros, frente a los 14.800 euros actuales, mientras que el umbral para aplicar la reducción mínima de 3.000 euros se eleva hasta los 25.000 euros. 

La vivienda concentra una parte importante de las nuevas medidas tributarias. Entre ellas destaca la exención de tributación de las rentas derivadas del alquiler de vivienda sufragado por las empresas para sus empleados, hasta 700 euros mensuales durante un máximo de 24 meses cuando el alquiler se sitúe dentro de los índices de referencia. Además, se incrementan los incentivos para potenciar el alquiler asequible, elevando las bonificaciones del 70% actual hasta el 75% en determinados supuestos vinculados a programas públicos o alquileres ajustados a los precios de referencia si la persona arrendataria es menor de 36 años o si el propietario de la vivienda ha realizado actuaciones de rehabilitación en los dos años anteriores.

Las medidas incluyen, también, incentivos para movilizar inmuebles vacíos y facilitar el acceso a la compra. Los jóvenes menores de 36 años podrán beneficiarse de un tipo reducido del 1,75% o   3% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales frente al tipo general del 2,5% o 4%, mientras que la fiscalidad se endurecerá para los grandes tenedores, con tipos que oscilarán entre el 5% y el 7% en función del número de viviendas adquiridas. Los ayuntamientos podrán establecer recargos de hasta el 150% en el IBI para alojamientos turísticos ubicados en zonas de mercado residencial tensionado.

Asimismo, y dirigido a las personas mayores de 65 años se amplía la posibilidad de aplicar exención por transmisión de la vivienda habitual al trasladarse a una residencia o a vivir con un familiar, siempre que el inmueble quede desocupado y se incorpore a un programa público de intermediación en el alquiler. 

En el ámbito social, la Diputación Foral de Álava reforzará las deducciones por cuidados, que ascenderán a 500 euros con carácter general y hasta 1.000 euros en el caso de hogares monoparentales. Además, se eximirán de tributación las indemnizaciones percibidas por víctimas de abusos en la infancia y la adolescencia en el ámbito de la iglesia católica.

También el proyecto introduce una reducción del 30% en las plusvalías derivadas de la transmisión de empresas, acciones o explotaciones económicas. Este porcentaje se elevará al 35% en el caso de microempresas y pymes y alcanzará el 40% cuando la persona adquirente sea una mujer o menor de 36 años. El incentivo podrá aplicarse sobre plusvalías de hasta 3 millones de euros y estará vinculado al compromiso de mantener la actividad durante un mínimo de cuatro años

Igualmente, se impulsa la participación de las personas trabajadoras en las empresas mediante ventajas fiscales mediante la entrega gratuita o por precio inferior al normal de mercado de acciones o participaciones por un valor de hasta 12.000 euros anuales, así como la no tributación de la diferencia entre el tipo de interés normal del mercado y el más favorable establecido en los préstamos para facilitar su entrada en cooperativas o en el capital de las sociedades, favoreciendo el arraigo, la implicación en la gestión y la estabilidad de los proyectos empresariales.

La propuesta refuerza el apoyo a la formación y al empleo juvenil. Las empresas podrán deducirse el 20% de los costes salariales asociados a contratos de formación continua y dual, porcentaje que se incrementará hasta el 25% en el caso de las pymes y microempresas. 

En lo que, al régimen de impatriados, el proyecto busca reforzar la atracción de talento cualificado mediante una exención del 42% de los rendimientos del trabajo, o del 30% para profesionales especializados en ámbitos estratégicos como la I+D+i, la tecnología o la transición energética, con un incentivo adicional del 10% para menores de 36 años. Del mismo modo, se flexibilizan los requisitos de acceso y se incorporan deducciones por movilidad geográfica para favorecer la llegada de profesionales en el Territorio.

Por último, el paquete fiscal incorpora una deducción del 5% para la adquisición de vehículos nuevos vinculada al achatarramiento de vehículos de más de 20 años o con elevadas emisiones, con un periodo de vigencia de dos años y límites de precio de 30.000 euros para vehículos convencionales eficientes y de 40.000 euros para vehículos eléctricos o de cero emisiones.